Entrando en política...

Uno de nuestros blogs favoritos es el llamado Instituto de Psicofarmacología. Nos parece impresionante la labor de divulgación y crítica científica que llevan a cabo sus autores Emilio Pol Yanguas y Francisco Martínez Granados. La verdad es que son tantas las entradas que consideramos absolutamente imprescindibles que no vamos recomendar ninguna en concreto. Hay que leer y frecuentar este blog, donde se recogen trabajos originales, artículos y capítulos de libros traducidos, todo ello bajo la preocupación por la prescripción racional de psicofármacos, desde el punto de vista de la crítica al abuso de dosis y polimedicaciones sin base empírica alguna. Lo dicho: un blog imprescindible.

Recientemente, uno de los autores de dicho blog dejó un interesante comentario en una entrada nuestra, que recogemos aquí: "Solemos todos responsabilizar a la industria de muchos de los males, y no nos falta razón, pero últimamente a mí me gusta más pensar que "el mal mayor" es la debilidad de los sistemas sanitarios. Si nuestro sistema sanitario tuviese fortaleza, tuviese los elementos que le hace falta tener para actuar con sensibilidad y análisis, sencillamente no nos preocuparía la industria farmacéutica, porque ésta no podría hacer muchas de las cosas que le permitimos hacer. El foco del debate debe ir siendo desplazado a la debilidad de nuestro sistema. El consumo en medicamentos de forma irracional y carente de garantías no puede depender de que un clínico esté más o menos sensibilizado con la sostenibilidad del sistema, no puede depender de esto." Nos pareció acertado y pertinente el comentario (como hemos dicho alguna vez, no todo va a ser dar caña a la industria farmacéutica), y en ese sentido le respondimos. Pero creemos que el tema se merece una entrada completa, para dejar clara nuestra posición al respecto.

Así que a eso vamos.

Consideramos que las administraciones públicas en este país, comenzando por el Ministerio de Sanidad y siguiendo por la mayoría de Servicios Autonómicos de Salud, con honrosas excepciones, llevan a cabo una lamentable dejadez de funciones en distintos ámbitos:

La investigación farmacológica ha quedado completamente en manos de empresas farmacéuticas privadas, cuyos objetivos son primeramente y como es evidente dentro de una lógica capitalista de mercado, de obtención de beneficios. Ello conduce a que no se investigue en enfermedades propias de países pobres, a que se primen medicamentos más de mantenimiento a largo plazo y no curativos, a persistir en líneas conocidas con fármacos me too y no atreverse a abrir líneas nuevas, más arriesgadas en términos empresariales, pero potencialmente fuente de descubrimientos nuevos, etc.

La formación continuada del personal sanitario ha quedado también de forma casi absoluta en manos de las mismas empresas farmacéuticas, que deciden así cuáles son las líneas de investigación y avance teórico que florecen y cuáles quedan relegadas casi a la clandestinidad. Y no son inocentes en ello las asociaciones profesionales y otros colectivos con intereses formativos que establecen precios de inscripción para sus actividades absolutamente prohibitivos sino va uno pagado por las mismas empresas que comercializan los fármacos que se anuncian en tales eventos y que luego el médico prueba a ver qué tal, dándole la impresión de que va bien (y pasándose al mismo tiempo por el forro cualquier tipo de valoración del efecto placebo o del sesgo del observador, que si uno se pone borde, a ver cómo va a Honolulú...).

La administración también practica sistemáticamente una evidente hipocresía: aprueba la financiación pública (que, en el caso de los fármacos psiquiátricos, la mayor parte de las veces es casi del valor completo del medicamento en cuestión) de determinados productos con estudios que demuestran su eficacia frente a placebo... pero no frente a fármacos ya existentes, más baratos y más conocidos (o, lo que es lo mismo: más seguros). Y lo aprueban: más caro, menos seguro por desconocimiento, salvajamente patrocinado por visitadores, charlas, regalos, congresos... Y entonces, y aquí viene la hipocresía, distintas administraciones públicas en los documentos en que comentan distintos productos farmacéuticos, nos recomiendan a los prescriptores que no los recetemos. Cojonudo. Pues entonces, ¿por qué lo fiancian ustedes (con nuestro dinero, no lo olvidemos)?. Porque estaremos de acuerdo en que el Estado, y más en estos tiempos, no puede pagarlo todo. De hecho, nuestras gafas y nuestros empastes nos los pagamos nosotros. Y, si no tuviéramos dinero para pagarlos, nos quedaríamos hipermétropes y con caries, pero no vendría el Estado a comprárnoslos.

Y, en este orden de cosas, hace poco la Consejería de Salud de la Xunta de Galicia aprobó una lista de fármacos disponibles para ser prescritos en esa Comunidad. La lista incluía todos los principios activos, pero sólo dejaba prescribir las presentaciones más baratas, suponemos que fundamentalmente genéricas. Y ante una medida de ahorro tan sensata como ésa, el propio Ministerio de Sanidad se levanta en armas, alegando que se ataca la libertad de prescripción (será la de prescribir la marca del visitador más enrollado, porque los principios activos se podían prescribir todos) y la equidad del sistema (o sea, que la equidad está en que si te mandan la marca cara en Asturias, en Galicia no se puede ahorrar con el genérico barato aunque, como ya deberíamos saber, no hay diferencias ni en eficacia ni en seguridad; la equidad debe estar en despilfarrar el dinero por igual en todas las comunidades).

Diremos en relación a esto, que la Organización Médica Colegial (la cual no es precisamente santo de nuestra devoción por su habitual política corporativista y su no muy llamativa preocupación por la sanidad pública) ha escrito un documento que creemos admirable y que pueden leer completo aquí. Entresacamos unos párrafos:

 "La libertad de prescripción se basa en la capacidad del médico de prescribir una determinada sustancia o su equivalente terapéutico, no en si debe tener un nombre comercial u otro. [...] La libertad de prescripción implica también tener en cuenta los aspectos económicos de las decisiones médicas. El médico no puede olvidar que los recursos con que se pagan las prescripciones pertenecen a toda la sociedad. Está por ello particularmente obligado a prescribir con racionalidad y buen sentido económico. Es deontológicamente inaceptable la prescripción de fármacos de precio más elevado cuando su eficacia sea idéntica a la de otros de costo inferior".

Clarito, clarito.

Bueno, y ahora yendo a nuestro entorno más cercano, diremos que nos parece lamentable la gestión del Servicio Canario de Salud en este tema. Es cierto que existe un Servicio de Control y Uso Racional del Medicamento, que dispone de publicaciones libremente accesibles de gran interés. Pero, a la hora de la verdad, descarga en los prescriptores toda la responsabilidad de controlar el desmesurado gasto sanitario (y, evidentemente, como prescriptores ésa es una de nuestras responsabilidades), sin que el propio Servicio Canario de Salud haga algo al respecto. El colmo fue la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de una serie de medidas para el ahorro, dada la terrible situación de crisis económica y paro desbocado que se vive en las islas. El decreto en cuestión, aparte de medidas que nos gustaron poco, como pasar a cobrar menos por nuestras horas de guardias, dejar de disponer de parking gratuito, perder días de convenio, etc. (no entraremos en la pertinencia o justificación o no de dichas medidas pero, obviamente, no nos gustaron), incluía (¡por fin!) medidas claras de contención del gasto sanitario:

"A efectos de racionalizar el gasto público respecto a la prescripción y utilización de medicamentos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, se priorizará que la prescripción de medicamentos por parte de los facultativos del Servicio Canario de la Salud o de centros concertados con el Servicio Canario de la Salud, se lleve a cabo identificando el principio activo en la receta médica oficial."

"Con la finalidad de racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos, productos sanitarios, efectos y accesorios y reducir el gasto farmacéutico, los facultativos del Servicio Canario de la Salud, así como los de los centros concertados con el Servicio Canario de la Salud, deberán garantizar que la prescripción que realicen sea la que menor gasto genere a la Comunidad Autónoma de Canarias. Para ello, de aquellos grupos terapéuticos que supongan el mayor gasto en la factura farmacéutica, se establecerán por parte del órgano que se determine los principios activos que, teniendo igual o análoga eficacia supongan la alternativa terapéutica más económica. Si por circunstancias clínicas del paciente no fuese posible la prescripción de esos principios activos, se requerirá que el médico responsable elabore un informe clínico complementario en el que se expongan las razones clínicas que justifiquen dicha prescripción".

Se suponía que este decreto entraba en vigor el 1 de enero de 2011. Estamos acabando marzo y ya nos han disminuido los días de convenio y no tenemos parking gratis, pero no hay noticias de que hayan obligado a nadie a recetar por principio activo (yo lo hago, pero de forma estrictamente voluntaria y aceptando quedar catalogado en ese aspecto como el fanático del Servicio). No tenemos tampoco datos de que órgano competente alguno haya elaborado la mencionada lista de principios activos, pero desde luego, con órgano competente o sin él, nadie nos ha hecho llegar a los médicos del Servicio Canario de Salud lista de semejantes características.

Que se nos entienda bien: estamos totalmente a favor de que se obligue a prescribir por principio activo. Sólo desde intereses alejados del ámbito público para el que (se supone que) trabajamos se puede entender tal medida como un ataque a la libertad de prescripción (no lo decimos nosotros solos, lo dice la Organización Médica Colegial). Pero no basta con hacer una buena ley. Es necesario hacer que se cumpla. Y en eso, una vez más, nuestros gobiernos cometen dejadez de funciones. Han pasado tres meses y seguimos despilfarrando el dinero de todos.

Señores del Gobierno de Canarias (entre otras administraciones públicas): por favor, hagan aplicar de una maldita vez el decreto que ustedes mismos hicieron. Son ustedes los encargados de administrarlo de forma eficaz y decente, pero es nuestro dinero el que se pierde.